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En Nicaragua se ejecutan allanamientos sin procesos legales

En los últimos meses la Policía Nacional ha allanado las moradas de opositores, organismos no gubernamentales y  medios de comunicación. Los allanamientos y ocupaciones policiales, según los afectados, carecen de legalidad y son violatorias del estado de derecho. Pero realmente ¿Qué dicen las leyes nicaragüenses sobre los allanamientos?

El allanamiento es una figura legal que está contemplada en los  artículos 217 al 220 del Código Procesal Penal y es catalogado como un acto de investigación,  donde se debe cumplir ciertas formalidades que el mismo código establece para que este sea legal y no se violenten principios y derechos constitucionales, asegura la especialista en área penal del Bufete Jurídico de la Universidad Centroamericana (BJUCA), Yahara Ortega.

“Es un acto procesal porque parte de una investigación, la policía va en busca de una prueba y de ellos depende la legalidad del acto”, explica la especialista Ortega.

Policía Nacional Allanó medio digital Confidencial / Foto: Cortesía.

Policía debe presentar orden judicial

La Constitución Política de Nicaragua en el artículo 26 establece como principios que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia, al respeto de honra y reputación, así mismo a conocer información sobre ella que se haya registrado en entidades de naturaleza pública y privadas, a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y comunicaciones de todo tipo. “Si un allanamiento es ilegal, estaría violentando estos principios”, expresa Ortega.

Los allanamientos están previstos en la ley como un mecanismo que tiene un procedimiento;“no puede haber allanamientos sin orden judicial y solo se permite que haya un delito, de lo contrario las autoridades no pueden ingresar al bien a buscar pruebas o elementos de convicción para la investigación penal”, afirma la abogada y defensora de derechos humanos Juanita Jiménez.

El artículo 217 del Código Penal establece los parámetros para que un allanamiento sea considerado legal; debe ser en un lugar habitado, con orden judicial y  regulado en horario de  6:00  am a 6:00 pm.

“La orden judicial debe contener lo siguiente establecido en el artículo 219: nombre del juez, la identificación de la investigación, si corresponde al proceso, dirección, entre otros datos, la persona debe revisar muy bien,  ya que la policía debe brindar copia de la orden. Cuando no se cumplen estos preceptos, es considerado ilegal”, explica Ortega.

Policía Nacional puede realizar allanamientos nocturnos

El Código Penal le da autorización a la Policía Nacional para ingresar a la morada en horario nocturno. El artículo 216 establece que se podrá realizar a cualquier hora cuando el morador o representante lo consienta y  en los casos sumamente graves y urgentes. “En el artículo 241 del Código Procesal Penal, se manifiesta que solo se puede dar en caso que se esté cometiendo en ese momento un delito o alguien pida auxilio. Cuando haya un incendio, una inundación, o que haya indicio de cometer un delito”, argumenta la especialista Ortega.

Un allanamiento ilegal tiene condena

Según Juanita Jiménez, las victimas de algunos allanamiento en el marco de las protestas antigubernamentales denunciaron que la Policía Nacional no presentó  orden judicial y que “en muchos de los casos la policía se introduce al inmueble acompañado de personas sin uniformes, hay casos que ingresan cuando no hay habitantes y comenten robos en las propiedades, esto se convierte en actos delincuenciales que van contra la ley”, manifiesta Jiménez.

En el artículo 219 del Código Procesal Penal están los requisitos para que la Policía pueda realizar un allanamiento, de no establecerse ninguno de estos recursos, las personas pueden denunciar un allanamiento ilegal y a la autoridad se le puede llevar a un proceso judicial, hasta ser condenado. “El artículo 201 dice: la autoridad, funcionario o empleador público que allane sin la formalidad que esta prescrita por la ley, será sancionado de 3 a 5 años de prisión”, argumenta Ortega.

Para que se cumpla esta disposición, las personas afectadas deben presentar un escrito como recurso de exhibición personal, o de detención ilegal, a un Tribunal de Apelaciones, explicando la situación y éste procederá con el proceso legal, señaló la especialista.

Así mismo, la abogada Jiménez denunció que en Nicaragua “la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es una de las instituciones para investigar, documentar y sancionar a los que están cometiendo el hecho ilegal, pero lamentablemente esta parcializada”.

Policía Nacional el siete de enero de 2019 allanó la vivienda de Dora María Téllez, ex guerrillera sandinista y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista / Foto Cortesía.

Allanamientos durante crisis sociopolítica

Al menos cinco ONG, personajes políticos y un grupo de medios de comunicación denunciaron haber sido víctimas de allanamientos sin orden judicial por parte de la Policía Nacional. Las acciones cometidas a finales de diciembre de 2018 incluyeron golpes contra vigilantes, robo de dinero y equipos tecnológicos.

Las ONG afectadas fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río y la Fundación  Popol Na, así como las oficinas de los medios de comunicación Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro y el Canal 100% Noticias. Los allanamientos ocurrieron luego que la Asamblea Nacional y El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) cancelaran las personerías jurídicas o permisos de operación a estas organizaciones.

El 28 de diciembre de 2018 oficiales de la Policía Nacional llegaron a la vivienda de la periodista Lucia Pineda Ubau, ubicada en la comarca Chiquilistagua. Aproximadamente siete oficiales en horas de la noche ingresaron y no especificaron las razones de allanamiento. La periodista Pineda se encuentra presa desde el 21 de diciembre de 2018.

El más reciente allanamiento que realizó la Policía Nacional fue el siete de enero de 2019, a la vivienda de Dora María Téllez, ex guerrillera sandinista y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, MRS. Según Téllez, varias camionetas con antimotines acompañados por encapuchados ingresaron a la vivienda en busca de armas.

Todos estos allanamientos se han realizado en medio de una crisis sociopolítica que según organismos de derechos humanos ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, más de mil  heridos y más de 80 mil exiliados.

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