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Constitución garantiza el derecho a manifestación pacífica

La Constitución Política de Nicaragua en el Artículo. 53 reconoce el derecho de reunión pacifica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo y el Artículo 54 establece que se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley, por tanto, todo derecho reconocido por la Constitución, no puede ser prohibido por ninguna autoridad administrativa, afirma un especialista en derecho constitucional.

La Policía Nacional a través de las notas de prensa No.115 y 116 del 2018, declara las marchas pacíficas “ilegales”, amenaza con procesar a las personas y organismos que convoquen a las manifestaciones de protesta cívica y anuncian que para manifestarse se debe solicitar autorización.

“Nuestra Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional, establecen que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”, expresó, el Inspector general de la Policía Nacional, comisionado Jaime Antonio Vanegas Vega, a través de una nota de prensa.

Según la policía, la disposición está dentro del marco de las funciones establecidas a ese cuerpo y la Ley No. 872 de la Policía Nacional, sin embargo, el artículo 53 de la Constitución Política establece lo contrario.

Radio Universidad trató de consultar a esta identidad para conocer a más profundidad la situación, pero no se pudo obtener respuesta.

Según el especialista en derecho constitucional, Carlos Hernández, la decisión que tomó la Policía Nacional conlleva a una contradicción con lo que establecen los principios constitucionales, viola los Arto. 53 y 54 de la Constitución. La manifestación es un derecho fundamental y la Policía Nacional adopta funciones que no le corresponden ya que se aleja de lo que establece la Ley 872, sobre el deber de esta institución, señala.

“Su única función es mantener el orden, velar por la integridad física y respetar las leyes, hacer una extensiva protección de los derechos fundamentales de la constitución política”, añadió Hernández.

De manera que la autorización para que se realicen marchas pacíficas en el país la brinda la Constitución Política, que “la policía prohíba ese derecho no tiene sentido, dado que está en contra de los principios”, agregó Hernández.

Sin embargo, “La Policía Nacional reitera que no se permitirá ninguna acción que violente el derecho de las familias nicaragüenses a la paz y a la vida y recuerda que cualquier actividad provocadora, instigadora y violenta será penada de acuerdo a la Constitución Política y las Leyes de Nicaragua”, finalizó la institución mediante el comunicado de prensa.

La Policía Nacional a través de los comunicados, solo resalta la función que tiene como institución y en ningún momento mencionan ningún artículo que le dé la potestad para prohibir ese derecho y exigir permiso para ejercerlo, por tanto, “la Constitución no respalda la decisión, más bien se violenta lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos” dijo el especialista.

Gonzalo Carrión, defensor de los derechos humanos, afirma que “no se necesita permiso para marchar, la Declaración Universal en el preámbulo tercero dice, para que los pueblos no se vean obligados a hacer uso del recurso del derecho a la rebelión”.

Policía Nacional Impide marcha impide marcha de la lucha contra la violencia hacia la mujer / Cortesía.

¿Policía pierde credibilidad?

La ley No. 872 en el Arto. 1 establece que “la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. Es el único cuerpo policial del país, es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial”.

Pero en la realidad, es lo contrario, se evidencia que este cuerpo armado solo se ha dedicado a proteger a un sector, incumpliendo lo que establece la ley. La Policía Nacional es un cuerpo civil para la población en general, dice Carrión.

“Es lamentable, que la policía siempre está con el grupo pro gobierno defendiendo la integridad física, y a los manifestantes en contra del gobierno que en toda democracia lo hay, les da la espalda, más bien los reprimen”, dijo Hernández.

Así mismo el especialista en derecho constitucional insistió en que la labor de la policía es de prevención y que si de alguna manera quieren prevenir daños públicos, que se realice, pero que no repriman al pueblo que manifiesta su descontento con el gobierno actual. “En las rotondas está la policía resguardando, que bonito sería que en la otra acera estuviera resguardando a los otros manifestantes que están en contra del gobierno”, añadió.

Carrión afirma que la sociedad civil ha solicitado permiso a la Policía Nacional, pero, se lo han negado porque supuestamente se tornan violentas. “Es lamentable que la policía niegue por un lado y por el otro brinden máxima seguridad. Esta institución está apegada a un discurso partidario, se echó a perder y dejó de ser de servicio profesional”, lamenta Carrión.

La mayoría de nicaragüenses rechazan la decisión de la policía Nacional, según sondeo realizado por Radio Universidad / Carlos Arce. Radio Universidad.

Algunos ciudadanos y ciudadanas opinan

Radio universidad realizó un sondeo por las principales paradas de buses de la capital para conocer la percepción de la población sobre la decisión tomada por la Policía Nacional. La mayoría de los pobladores consultados, mostraron su descontento y señalan que esta institución está politizada y no vela por los derechos de todos los y las nicaragüenses.

“La decisión va contra la ley, todo ciudadano tiene la libertad de expresión” “No respetan, la policía está actuando mal” “no podemos estornudar porque ya vas preso, está actuando muy mal”, fueron algunas expresiones de los y las consultadas, quienes por seguridad no brindaron sus nombres.

Así mismo, mostraron su descontento por el rol de la policía de brindar seguridad a un sector de la población y señalaron que al otro lo que le brindan es represión. “Ellos si pueden hacer sus marchas y a nosotros se nos impide”, “aquí ni un plantón se puede hacer, la policía viene armada hasta los dientes”, manifestaron algunos consultados en la parada de Metrocentro.

La Constitución Política es una norma que está a favor de los derechos y garantías de las y los nicaragüenses, por tanto, no respalda la decisión que ha tomado la Policía Nacional de reprimir este derecho y distorsionar lo que establece la norma, recuerda el especialista en derecho constitucional.

Si en Nicaragua existiera un Estado democrático, la Policía Nacional no reprimiera a los manifestantes, garantizaría un resguardo policial para brindar protección a ambos grupos. Pero, “esta institución se ha apartado del profesionalismo ya que se ha convertido en una institución política, independientemente de los orígenes de la institución”, sostuvo Hernández.

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