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Cumplimiento limitado de la Ley de Acceso a la Información Pública en Nicaragua

Desde hace al menos diez años el Estado de Nicaragua está mal evaluado y continúa aplazado, según el estudio “Situación del Acceso a la Información Publica en Nicaragua,” realizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en el cual refieren que la falta de acceso a la información en instituciones públicas en el país va en rezago, afectando y causando daños a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro responsabiliza al Estado de Nicaragua y a sus instituciones que, a pesar de existir la Ley de Acceso a la información Pública, (Ley 621), no cumplen con la misma. Los diferentes poderes del Estado, como el Electoral, Judicial, Legislativo y Ejecutivo, así como las alcaldías, evidencian un porcentaje elevado de incumplimiento de esta ley

“Nosotros logramos hoy documentar que de 65 instituciones donde logramos evaluar que aparecen los 4 poderes del Estado, el poder Ejecutivo, el Consejo Supremo Electoral, el poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia, solamente 57 instituciones cuentan con un sitio web, eso te dice el nivel de compromiso o el nivel de rezago que tenemos en el tema de acceso a la información pública” expresó Guillermo Medrano, Coordinador de Derechos Humanos de la FVBCH.

La falta de acceso a la información pública en el Estado, la evidencian también otros estudios como el realizado a finales de 2019 por la iniciativa Transparencia Nicaragua, titulado “Situación actual del derecho humano de acceso a la información pública”.

Dayra Valle
Dayra Valle de Transparencia Nicaragua

Dayra Valle, coordinadora de la iniciativa Transparencia Nicaragua, explicó que en el estudio, encontraron que hay un deterioro del ejercicio ciudadano de acceso a la información pública, el cual es un derecho humano que estaría siendo violentado.

El estudio de la FVBCH encontró que las instituciones no publican información sobre resultados de licitaciones y compra, sobre auditorias, balances generales y estados financieros.

En algunos casos estas instituciones estatales llegan al extremo que ni siquiera reciben las cartas o solicitudes de acceso a la información que demandan los periodistas y la ciudadanía, explicó Medrano.

El estudio recomienda al Estado cumplir con la Ley Acceso a la Información Pública “porque un Estado que no tiene transparencia en su información, no es propicio para otras actividades”, dijo Medrano.

El artículo 6 de la ley de acceso a la Información Pública, refiere sobre la obligación y la creación, así como el funcionamiento de las Oficinas de Acceso a la Información Pública, OAIP, mientras que el artículo 20 expresa la obligatoriedad de publicar información a través de medios virtuales.

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