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Rechazan anteproyectos ley de Ortega por considerarlas represivas

En menos de un mes el gobierno de Nicaragua controlado por el partido Frente Sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega, anunció la introducción ante el parlamento nacional de 3 proyectos de ley para resguardar la seguridad nacional.

Según el gobierno, las iniciativas de ley de agentes extranjeros, la implementación de la cadena perpetua para los crímenes de odio y el proyecto de ley contra ciberdelitos, buscan proteger a la ciudadanía y brindar más seguridad al país.

Pero diferentes sectores religiosos, empresariales, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores al gobierno, consideran que estas 3 iniciativas de ley provocarán el incremento de la represión.

Una de las 3 iniciativas de ley más polémica es la de Control de Agentes Extranjeros, con lo cual se estarán violentando una larga lista de derechos humanos de acuerdo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH.

El responsable de proyecto de la CPDH, Denis Darce enumeró una serie de derechos  constitucionales que se estarían violentando, tales como “la libertad de expresión, la libertad de asociación, derecho a la defensa de los derechos humanos, la libertad de participación ciudadana, los derechos civiles y políticos”.

Declaraciones de Denis Darce

En la misma línea se pronunció la abogada Eyling Cruz, del grupo de abogados de Acción Penal, quienes realizaron un análisis técnico jurídico sobre los alcances que tendría esta propuesta de ley de agentes extranjeros.

Según la abogada, con esta iniciativa a como está planteada expone a las personas al control absoluto del Ministerio de Gobernación por los fondos que se reciban del extranjero, y sería una forma de controlar a los grupos que trabajan por los derechos humanos, sociales y económicos.

La abogada explicó que en esta iniciativa de ley “viene a definirse inclusive a una persona nicaragüense como un agente extranjero que está percibiendo fondos, o ayuda de personas o fundaciones y de otros gobiernos del exterior y que esta figura del agente extranjero, o sea siendo un nicaragüense, tiene del deber tanto como persona natural o persona jurídica, tiene el deber de inscribirse en un registro del Ministerio de Gobernación, el cual asumirá una función bastante amplia…

“Y vemos que esta es una forma pues de controlar a diferentes grupos que trabajan con una proyección social, defensa de derechos humanos, defensa de derechos de las mujeres, del medio ambiente, entonces inclusive esta ley se atribuye funciones de rango constitucional o funciones que están exclusivamente establecidas en otras leyes y que viene a recopilarlas y hacer más estricto”.

Palabras de la abogada Eyling Cruz

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro que trabaja los derechos a la comunicación y  libertad de expresión en Nicaragua, también considera que esta iniciativa de ley de agentes extranjeros es una amenaza a las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.

Cristiana Chamorro, directora de la Fundación, dijo que esta iniciativa de ley trata de sepultar las iniciativas ciudadanas y representa un secuestro a la institucionalidad democrática en este país.

Chamorro dijo que las consecuencias que tendrá esta ley son graves para la democracia porque “además que es una amenaza a la libertad de expresión, es también una amenaza a la movilización, a la organización, a la posibilidad de cualquier ciudadano que quiera nominarse para cargos de elección popular, tiene también un efecto confiscatorio, un efecto de intervención en tus bienes, es algo que soplo lo veía desde el siglo pasado”..

Declaraciones de Cristiana Chamorro

En tanto a lo interno en el parlamento nacional que es controlado también por el gobierno de Daniel Ortega, esta semana iniciaron las consultas sobre la ley de agentes extranjeros.

En declaraciones a medios oficialistas, el diputado Sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica dijo que las consultas estaban abiertas a todos los que quieran participar.

Sin  embargo la diputada opositora del Partido Liberal Constitucionalista PLC, Azucena Castillo, dijo que las autoridades parlamentarias están centralizando las consultas con instituciones estatales, como ha ocurrido en otras leyes.

La inminente aprobación de estas iniciativas de ley han sido denunciadas por las organizaciones nacionales y opositoras ante los órganos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos al considerarlas que serían leyes represivas.

Por Nelson Rodríguez.

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