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El agua, un derecho en crisis

El difícil acceso a los recursos hídricos que enfrentan los nicaragüenses y la amenaza de privatización

Por Karla Hernández

Al salir el sol, los habitantes de Los chagüites se preparan para viajarán a la ciudad de Jinotega. La camioneta que los transportará emprende su viaje a las cuatro de la mañana y regresa a las tres de la tarde, haciendo posible así el regreso de los pobladores que viajan a laborar o realizar compras. Debido a la condición del camino, el resto de pobladores viaja montado en caballos o a pie, recorriendo alrededor de ocho kilómetros hasta llegar a la parte central de Jinotega.

Esta comunidad, ubicada al sur de la ciudad, cuenta con 589 habitantes, según un censo realizado este año por el SILAIS Jinotega. Los pobladores se dedican principalmente a la venta de carbón y leña, algunos viajan al casco urbano para ofrecer estos productos.

En Los chagüites, frente a la iglesia conocida como “Ermita” está ubicada la casa de doña Martha Picado, una pequeña vivienda elaborada de adobe, algo usual en la comunidad y en general en zonas secas, debido al bajo costo de este tipo de construcciones y la reducción de calor que generan. Picado vive con sus cinco nietas, ellas caminan todos los días hasta el pozo público, ubicado a un kilómetro de su casa, ya que su abuela no cuenta con la condición física para movilizarse.

“Las chavalas van varias veces en el día, depende de qué tanto gastemos, ya si es por lavar ropa vamos a la quebrada”, comenta Martha, mientras observa a sus nietas, quienes con timidez se encuentran detrás de ella. 

De acuerdo con el informe Derecho Humano al agua potable y al saneamiento en el ámbito rural de Nicaragua (2015), con una muestra de 2,400 hogares, realizado por la organización Ongawa, cerca de un 20 por ciento de esas familias no tienen cobertura a fuentes de aguas mejoradas, y una de cada diez familias emplea más de 30 minutos en acarrear agua todos los días.

Los chagüites es una de muchas comunidades en el país que tienen dificultades en el acceso al agua. Según, la abogada Carla Sequeira, directora de asesoría de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), no se puede requerir al Estado en el respeto al derecho al agua, debido a que este derecho es parte de los Derechos Económicos Sociales Culturales (DESC), mas no, de los derechos fundamentales.

El derecho al agua y otros derechos

Debido a que la constitución de Nicaragua no reconoce el derecho humano al agua de forma explícita, se da por entendido que este derecho está incluido en otros derechos constitucionales como: el de la salud, el de la vivienda digna y el del medio ambiente saludable. 

Que el acceso al agua no sea reconocido como un derecho humano, imposibilita una exigencia como tal al Estado.

Según la Constitución Política de Nicaragua, capítulo III- Derechos sociales artículo 63: “Es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos”.

La abogada Carla Sequeira sugiere que se podría reclamar el derecho al agua a través de otros mecanismos, gracias a su interrelación con otros derechos reconocidos, como: la dignidad humana y la integridad física, esta demanda se realiza en primera instancia al consejo municipal.

Aunque no hay un extenso marco jurídico respecto al derecho al agua, Nicaragua es miembro de las Organización de Naciones Unidas y en teoría debería cumplir los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) que establece como sexto objetivo, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Discordia en el pozo comunal

Rosa Emilia Blandón vive con su familia en Los chagüites, ellos acceden al agua a través de un pozo que hizo junto con su familia hace 14 años. Su casa se encuentra ubicada a escasos metros del pozo público, pero debido a que la fuente de agua es de uso público y está en propiedad privada, su dueño no permite realizar el abastecimiento de agua por conflictos personales, al respecto las autoridades no han actuado, a pesar de haber sido informadas.

Blandón, muestra su pozo levantando un plástico negro que es lo único que lo cubre y cuenta que durante las lluvias agarran agua de las tejas para tomar.

“Durante el verano el agua es cristalina y buena para beber, pero por estas lluvias se filtra y se ensucia”, cuenta Blandón.

Sin embargo, la realidad se impone ante lo que dicta la Constitución Política de Nicaragua, el Derecho a habitar en un ambiente saludable, artículo 60: “Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”.

Una ley especial

Según Alfonso Calero, Coordinador Territorial del proyecto Tecnología para la Gestión Sostenible de Recursos Hídricos de la Comisión de agua potable y saneamiento (CAPS) Nicaragua, la ley 722 establece el marco jurídico necesario para exigir el derecho al agua, además que tiene especificaciones que promueven a la ciudadanía a participar.

La Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento tiene por objeto establecer las disposiciones para la organización, constitución, legalización y funcionamiento de los Comités de Agua Potable y Saneamiento existentes en el país y de los que se organicen conforme la presente ley.

Pandemia y escasez de agua

“Nosotros no hemos dejado de trabajar, a pesar de la pandemia, pero es curioso que la emergencia sanitaria visibilice la necesidad de acceder al agua, ya que se vuelve fundamental para tomar las medidas de prevención”, afirma Calero.

En la comunidad Los chagüites, los pobladores han aumentado el consumo de agua ya que, por la Pandemia, lavarse las manos requiere un uso extra del recurso hídrico.

“No hay familia específica que tenga problemas con el agua, todos tienen dificultades o al menos su mayoría, por lo menos en la capilla no hay agua y los coordinadores deben llevarla a los encuentros para lavarse las manos”, comenta Oswaldo Maradiaga, Sacerdote de la iglesia de Los chagüites.

Agua, mujeres, niñez

En casa de Martha Picado sus nietas llevan el agua a su casa, son las niñas las encargadas en la labor de recolectar el agua. Esta práctica es muy común en el campo, dejar que los niños y las mujeres vayan por el agua, a pesar de los riesgos que implica debido a las largas distancias que se tienen que recorrer, sobre todo en comunidades rurales donde no hay acceso a ninguna entidad que les proteja.

Según Sequeira: “La única protección en lugares alejados suelen ser hombres armados o el ejército, debido a que la policía Nacional no puede llegar, siendo un área de peligro para las mujeres o niñas caminar para acceder al agua”.

La obligación del Estado

En Nicaragua la ley 620 aprobada en 2007 que establece que: “Es obligación y prioridad indeclinable del Estado promover, facilitar y regular adecuadamente el suministro de agua potable en cantidad y calidad al pueblo nicaragüense, a costos diferenciados y favoreciendo a los sectores con menos recursos económicos”.

La ley considera que el recurso hídrico es un patrimonio nacional y por lo tanto es deber del Estado su conservación, desarrollo y uso sostenible, evitando cualquier tipo de privatización.

Dicha ley está constituida para garantizar a la población que el agua no sería privatizada bajo ninguna instancia, sin embargo 12 años después de que entró en vigencia la ley 620, el presidente Daniel Ortega ha puesto sobre la mesa reformas a dicha ley.

Reformas y privatización

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma a la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales y creación del Consejo Nacional para el Desarrollo del Recurso Hídrico y la Comisión para la Administración Sustentable de los Recursos Hídricos. Según fuentes gubernamentales dicha reforma se refiere a una modernización del sistema. En cambio, Ruth Selma Herrera, expresidenta de la Empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados (ENACAL), explicó en una entrevista concedida a artículo 66 que: “El uso de eufemismos los dejan en la ley para no provocar oposición a la reforma”.

Del mismo modo, Herrera, en una entrevista realizada por “Primera Orden”, consideró que si se firman contratos de concesiones para la privatización del agua, estos deben darse a conocer de manera pública.

“Sin duda a la empresa a la que se le dará una concesión va a venir con un pliego tarifario nuevo debajo del brazo y obviamente no será un pliego tarifario bajo, sino para subir”, expresó la expresidenta de ENACAL.

Subsidio restringido

Antes de la reforma, la ley de agua, en el artículo 14 inciso “i” establecía: “Los apoyos sociales para el acceso al recurso hídrico en beneficio de comunidades agrarias y zonas urbanas ubicadas en zonas marginadas”.

La reforma a la ley limita a la población el acceso al subsidio estatal, ya que se especifica que este será únicamente para zonas rurales de difícil acceso. Siendo este el caso, también se limita del subsidio a zonas rurales que se encuentran cerca del casco urbano.

A 105 kilómetros de Managua, donde los diputados aprobaron la reforma a la Ley general de aguas, se encuentran Los chagüites, siendo solo una comunidad más del país con problemas de acceso al agua. En Jinotega solo un 36.5% accede a agua potable y segura, representando una proporción inferior al 40% junto con La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), según el Boletín informativo del agua (2015).

Rosa Emilia Blandón, en Los chagüites, espera ansiosa el verano para poder acceder a “agua limpia”, sin embargo, podría sentirse privilegiada, si se considera que pobladores de otras comunidades no tienen acceso alguno. Esta realidad, junto a las nuevas reformas legales, hace suponer que acceder a los recursos básicos en Nicaragua, más allá de ser un derecho, se haya vuelto un privilegio, el acceso al agua en el país es una antítesis de los derechos humanos.

Infografía y fotografías

Puesto de agua de la comunidad Los chagüites. El acceso al agua depende de Santos Gutiérrez, ya que el pozo a pesar de ser público está ubicado en su propiedad.
Foto: Karla Hernández

Marta Picado, habitante de Los chagüites, manda a sus nietas a traer agua ya que ella no puede movilizarse por su condición física.
Foto: Karla Hernández
Rosa Emilia Blandón, al lado de su pozo que tiene 14 años de haber sido construido por su familia, dice no poder acceder al agua en invierno porque se filtra suciedad.
Foto: Karla Hernández
Ermita Los chagüites, acá se realizan las misas de manera mensual por el padre Oswaldo Maradiaga. Foto: Karla Hernández

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