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Exigen acciones preventivas ante la violencia contra las mujeres

Integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) y otras defensoras de los derechos de las mujeres, demandan la activación de acciones preventivas de parte del Estado, ante la creciente violencia que le ha costado la vida a 54 mujeres desde enero a la fecha.

Según la psicóloga Chepita Rivera, integrante de la RMCV,  desde antes que estallara la crisis sociopolítica en abril pasado las mujeres estaban siendo agredidas ante la falta de aplicación de las leyes de protección, pero esto aumentó con la crisis.

Estamos en un contexto donde la violencia se ha agudizado en el país, donde campea la impunidad, hay un vacío en la administración de justicia y las autoridades no responden, no hay una política o un plan de prevención estatal”, reclamó la psicóloga.

María Teresa Blandón, integrante del Movimiento Feminista La Corriente, señala que la violencia hacia las mujeres es un problema estructural que está presente en todos los espacios y que en la mayoría de los casos quedan silenciados.

Para Evelyn Flores, enlace nacional de la RMCV, la Policía Nacional no está cumpliendo con su función, más bien están sembrando miedo, intimidación e inseguridad en la población, especialmente en las mujeres.

Organismos defensores de los derechos de las mujeres exigen castigo para los agresores / Cortesía.

Las mujeres no están solas

Las mujeres que son agredidas no tienen dónde acudir, el aparato estatal se ha desmontado, no existen las Comisarias de la Mujer, se han incrementado los casos de mujeres que llegan a los hospitales golpeadas, añade la psicóloga Rivera.

“Las violentadas se pueden abocar a las organizaciones de mujeres y organismos de defensa de derechos humanos, aunque la policía es la encargada de investigar y registrar estas denuncias, pero lastimosamente les ha cerrado las puertas”, manifiesta Blandón.

Según un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Axayacatl de Masaya, de 30 agresores al momento de realizar la investigación, solo 3 estaban cumpliendo condenas. lo que representa un 10% de castigo para los agresores.

Elia Palacios, integrante de Axayacatl, opina que esto se debe a la falta de aplicación de la ley y por la inoperancia de las autoridades policiales, “los casos quedan impune y lo agresores continúan violentando a las mujeres”, afirma.

Movimientos feminista exigen el respeto a los derechos de las mujeres y la aplicación de las leyes en Nicaragua / Cortesía La Corriente.

Rechazan la última reforma de la ley 779

En el 2014, entró en vigencia la Ley 779; ley integral contra violencia hacia las mujeres, pero ha tenido varias reformas que benefician a los agresores, denuncian las defensoras.

Según Blandón, las reformas a la ley desarticularon  la ruta institucional que las organizaciones de mujeres a través de sus demandas habían logrado para que se redujera la impunidad y se sancionara a los agresores.

En Nicaragua el gobierno se burló de las mujeres, de su sufrimiento y antes de que cumpliera un año la reformó y fuera de tiempo aprobaron un reglamento que contradecía el objeto de la ley, con la complicidad de la Corte  Suprema de Justicia”,  sostiene  Blandón.

En agosto del 2017 la Ley 779 sufrió otra reforma donde le quitaron la fuerza de aplicación porque reduce  la violencia al ámbito privado,  a  relaciones de pareja y vínculos amorosos,  denuncia Evelyn Flores.

La educación es fundamental para reducir la violencia

La inversión en la educación debe ser prioridad para los Estados, debido a que tiene un papel trasformador en la conciencia social de un colectivo amplio. Una educación sin perspectiva de género, sin perspectiva para la transformación en términos de la cultura de paz; es una educación que no se está gestionado para el bien común, señala Greta Fajardo, coordinadora del  Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEG) de la Universidad Centroamericana UCA.

La perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, aporta a libertad, al pensamiento crítico y aporta a la transformación del pensamiento de las personas que están visibilizados en esta matriz patriarcal machista” reitera Fajardo.

También Elia Palacios, demanda la implementación de la perspectiva de género en los centros de estudios, “el método de denuncia, tiene que estar en una clase de género para que los estudiantes reconozcan actos de violencia y denuncien, no se puede naturalizar el problema” añadió.

Policía Nacional niega permiso a marcha de lucha contra la violencia hacia la mujer / Cortesía.

Estado les impide marchar

Este 25 de noviembre de 2018, por primera vez en 25 años las mujeres nicaragüenses no pudieron manifestarse pacíficamente en una marcha en Managua, para conmemorar el Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, ante la negativa de la policía nacional de otorgarles un permiso de movilización.

El permiso había sido solicitado el 21 de noviembre por la Red de Mujeres Contra la Violencia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, una organización opositora al gobierno compuesta por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y partidos políticos.

La policía nacional mediante un comunicado negó el permiso, aduciendo que la Unidad Nacional no tenía personería jurídica, pero además los señala de promover actos vandálicos en centros comerciales e incitar al terrorismo.

Evelyn Flores rechazó los señalamientos de la policía y dijo que llevarán otra carta a la policía nacional para solicitar el permiso próximamente, aunque por seguridad se abstuvieron de marchar este 25 de noviembre, pero insistirán ante las autoridades, hasta que les permitan marchar en condiciones de seguridad como lo establece la Constitución de la república.

Mientras persista la violencia en el país las mujeres no se quedarán calladas van continuar exigiendo respeto y el cumplimiento de las leyes que garanticen la integridad y el derecho a vivir libre de todo tipo de violencia, señalaron las activistas.

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