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Impunidad, injusticias y más violencia al denunciar abusos

Por Alison González

Las mujeres y niñas nicaragüenses, víctimas de violencia de género, corren el riesgo de ser revictimizadas en el proceso de denuncia e investigación por las Instituciones ya que no brindan acompañamiento, apoyo ni garantías del cumplimiento de la Ley 779.

El 10 de julio del 2016, un hombre intentó abusar sexualmente de María Laura. Ella tenía solo 15 años. Por suerte, logró escapar. La decisión de interponer la denuncia asegura que fue un proceso muy difícil. Su mamá la acompañó al Distrito 4 de la Policía Nacional de Managua. Al momento de interponer la denuncia, tuvo que contar dos veces su historia, fue revictimizada con preguntas innecesarias y repetitivas. La enviaron a realizarse una valoración psicológica al Instituto de Medicina Legal. Su caso llegó hasta el Ministerio Público, pero luego fue archivado. “Puede que yo no fuera la primera, pero si quería ser la última a la que le pasara algo así con ese hombre.”, expresó.

El proceso de denuncia por violencia de género en Nicaragua, según defensoras de los derechos de la mujer, en general es revictimizante por la falta de cumplimiento a la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres (Ley 779). Jamileth Mejía, psicóloga acompañante de sobrevivientes de violencia de género, afirmó que no existe un personal especializado que pueda atender de manera integral la denuncia: “te reciben sin ninguna formación, te hacen esperar demasiado, la víctima viene de vivir un infierno y las preguntas que te hacen son insensibles. Cuando una mujer se decide a denunciar y recibe este trato es revictimizante.”, aseguró.

Al momento de llegar a las instalaciones de la Comisaría de la mujer a interponer una denuncia, según Mejía: “Llegás y decís que querés interponer denuncia porque tu marido te golpeó y si no llegás con el ojo morado te contestan: No señora, eso fue tontera”. 

Un proceso de denuncia en Nicaragua actualmente, según Stephanie Borge, quien fue por más de diez años fiscal jefe en diferentes distritos de Policía y funcionario público en el área penal de la Procuraduría General, se puede dar de dos formas: A través del Ministerio Público o por la Comisaría de la Mujer, la cual reabrió a partir de Febrero de este año. El mecanismo que tiene que ser utilizado para tomar la denuncia depende de la circunstancia y urgencia del caso.

En general al llegar a la comisaría, los funcionarios deben hacerle una entrevista única, elaborada especialmente para casos de violencia de género en una oficina aparte para abarcar de manera cronológica el historial de violencia que la sobreviviente experimenta. Posteriormente se tiene que enviar a la sobreviviente del abuso al Instituto de Medicina legal (IML), a hacerse una evaluación psicológica y en caso de abuso sexual o físico, se hace una valoración físico forense.

  • Fui al distrito 4, por Ajax Delgado, a eso de las 7-8 de la noche. Primero me atendió una oficial para preguntarme a qué iba. Cuando me volvió a llamar, me preguntó ¿qué había pasado?, yo le conté todo. Luego me remitió a una sala con otra oficial para redactar la denuncia. Allí me dijo: “Ahora tenés que contarlo de nuevo, pero con lujo de detalle”. Me preguntaron cosas bien innecesarias… Cuando terminé de poner la denuncia, me dijeron que fuera en esa semana a Medicina Legal para la evaluación psicológica y que allí me iban a notificar de cómo iba avanzando el caso.-detalló María. 

Por su parte los operadores de justicia deben iniciar un sondeo del entorno de la sobreviviente: “Antes se hacía un informe social, pero ahora es un trabajo de campo, el cual consiste en ver si hay testigos o personas que supiesen de la violencia ejercida.  Se tiene que levantar una investigación en la escena, si es que existió agresión física o sexual. Cuando ya terminan la investigación, se manda el caso al Ministerio Público, quienes tienen el poder de accionar.”, manifestó Borge. 

Detrás de la re victimización:

El artículo 1 de la Ley 779, establece que el objeto de la ley es proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia y en principios de igualdad. Se tiene el deber de establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales.

  • .Me hicieron contar 2 veces todo lo que me había pasado, sentí que fue totalmente innecesario. La segunda oficial me preguntaba cosas como: “¿Qué ropa andabas?, ¿Por qué andabas sola?, ¿Qué estaba haciendo vos allí?”. No sabía que esa razón era suficiente para que me pasara lo que me pasó.-añadió María. 

Borge explicó que desde los inicios de la ley, ha estado la debilidad en la sensibilización a las personas que iban a atender estos casos de violencia: “Desgraciadamente a nivel de la Ley de la Policía, no existía un mecanismo para garantizar que ese oficial capacitado y sensibilizado se mantuviera presente, debido a las rotaciones. Sensibilizar a alguien es una tarea difícil y no se le puede pedir a alguien que no está capacitado que entienda algo tan complejo como es la violencia de género”. 

Bajo esta misma línea, actualmente a las defensoras de los derechos de la mujer ya no se les permite acompañar a la sobreviviente a denunciar y cuando lo hacen son agredidas: “La misma ley te lo permite, pero si va acompañada por alguna psicóloga de las organizaciones, no les aceptan las denuncias. Lo único que pueden hacer es asesorarlas legalmente y darles un acompañamiento psicológico, para cuando ellas decidan denunciar sepan a lo que van. Uno de los mecanismo que hemos implementado, es redactar la denuncia con ella con un sistema integral, para que solo llegue a dar algunos detalles cuando vaya a interponer la denuncia.”, expuso Mejía.

Las organizaciones de mujeres son una parte importante en un proceso de denuncia, debido a que se encargan de brindar asesoría legal y un acompañamiento psicológico a la sobreviviente. Ante esta desprotección, los riesgos que la sobreviviente corre al no ir en compañía de una asesora legal, conforme a Martha Flores Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, es preocupante: “Cuando la mujer va a la comisaría lo primero que hacen es mandarla a mediar, lo único que se está mediando allí es la vida de esta mujer. En muchas ocasiones cuando la víctima no va asesorada por nosotras, acepta, porque los procesos son exhaustivamente largos y de seguro ya la mandaron de un lado para otro. Esto la hace sentirse desprotegida y que su historia no está siendo creída”.

  • Me di cuenta que cuando terminó la investigación y mi caso llegó al Ministerio Público, se había ofrecido una mediación. Yo no tenía nada que hablar con él. Yo le dije a mi mamá que estaba más preparada para lo exhaustivo de un juicio, que a sentarme con mi agresor.-sostuvo María.

Hay que tener en cuenta el desmantelamiento de la Ley 779: “En la Ley habían mecanismos de acciones rápidas, sin embargo desde que se desestructuró, todo eso ya no se hace. Ahorita los que están atendiendo son los de auxilio judicial, los cuales no saben absolutamente nada. Consecuente con esto, es evidente que no van a emitir medidas cautelares, porque a la policía le toca solicitarla a la fiscalía para que ésta la acepte y la ponga en acción. Ya sabemos que es todo un proceso.”, denunció Mejía.

Desprotección Institucional:

El artículo 31 de la Ley 779, manda a asegurar la ejecución de medidas precautelares y cautelares. Entre ellas el control para el agresor, los reportes telefónicos de las sobrevivientes y los controles de asistencia obligatoria a tratamiento profesional.

  • No emitieron ninguna medida cautelar, ni siquiera una orden de restricción. Puedo jurar que lo vi varias veces cerca de aquí, no sé si era real o parte de mi trauma, pero yo lo vi en un patio cerca de mi casa. Su familia me amenazaba y me acosaba.-exteriorizó María.

El Estado de Nicaragua ha debilitado progresiva y contundentemente la Ley 779, lo que aumenta la impunidad y quita esperanza a toda mujer que vive en situación de violencia, según Yamileth Mejía: “es como que si estuvieran promoviendo la impunidad como una política de Estado, causa menor protección para las mujeres y aumenta el riesgo de ser asesinadas por las personas a la que iban a denunciar”.

La comisaría de la mujer y su cierre en el 2016, es una de las razones por las que las cifras de femicidio aumentaron: “Una vez que ellos desbaratan las comisarías, instrumento de la ley para hacer efectiva la denuncia, no había quién accionara, ni mucho menos gente capacitada que recibiera la denuncia.”, indicó.

“Al poner en pausa las comisarías lo hacían también con el sector sensibilizado, significó que muchas víctimas no fueron atendidas de forma eficiente o eficaz de parte de las autoridades.”, enunció Mejía.

Sumándole a lo expuesto, antes de la desarticulación de la comisaría, según Borge, en algunos distritos de Managua, como el Distrito 5, se estaba implementando el sistema integral que la Ley manda, donde los operadores de justicia estaban reunidos en un mismo lugar. Así la víctima no tenía que contar varias veces su historia, así como sucede actualmente.

“Fue maravilloso, se pensó que podría extenderse. Incluso en el IML se había creado un área donde había psicólogos y forenses especializados en atender víctimas de violencia de género. No era la entrevista juntos, pero al menos se encontraban en una misma área para evitarle el montón de vueltas”, subrayó Borge.

Para la especialista Martha Flores, las agresiones a las mujeres son evidentes y constantes: “Nosotras tenemos ese labor de proteger a la víctima cuando es agredida por las instituciones y eso termina siendo en agresión a nosotras también. Los hombres son astutos, buscan aliados dentro que los puedan ayudar. Haciendo eso se está violando el derecho de la mujer a que la defiendan y protejan. En estos casos, se ve que al que están protegiendo es al macho y cuando nosotras identificamos eso entramos.”, declaró.

  • Yo no sabía nada de mi caso, desde que fui a poner la denuncia no me notificaron nada. Todo se sabía por terceras personas y lo único que recibí de ellos fue una cita por una denuncia que puso mi agresor, por injurias y calumnias. Al final ni pasó a más.-contó María.

Denegación de Justicia:

En el artículo 4 de la Ley 779, dispone el principio de acceso a la justicia, donde las instituciones del Estado con los operadores de justicia y las autoridades competentes, deben de garantizar a las mujeres un acceso efectivo a los servicios y recursos de justicia, sin ningún impedimento.

  • Mi caso llegó al Ministerio Público. Allí fue distorsionado y lo hicieron ver como que yo era su novia y le negué un beso. Yo tenía 15 y él 30. Lo archivaron. No me notificaron absolutamente nada. Hicimos hasta lo imposible y él anda como si nada en la calle sin antecedentes de ningún tipo. Hay probabilidades de que un día me lo encuentre en la calle, al igual que haya probabilidades que no.-describió María.

Los riesgos de que un caso sea archivado, especificó Martha Flores, es que el agresor sigue suelto, eso  muchas veces termina en un femicidio. Actualmente según Católicas por el Derecho a Decidir, se contabilizan hasta octubre al menos 67 mujeres y niñas víctimas de femicidio. La violencia y la impunidad siguen incrementando esta cifra, siendo incluso más alta que el año pasado, donde para finales del año se contabilizaron 63 femicidios. 

“La falta de diligencia del Estado le da una doble agresión o muerte a las mujeres víctimas, al no darles el acceso a la justicia. Cuándo te archivan un caso, te la están negando”. Existe una figura jurídica que se llama delegación de prestar auxilio, eso puede operar para los funcionarios de la policía cuando te sentís revictimizada.”, determinó Borge. Dicha figura jurídica no es puesta en práctica: “Estamos bajo un estado de desprotección total”, afirmó Mejía. 

Hay que tener presente que según señaló Borge: “Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. En las circunstancias de que el caso no haya sido tramitado por la policía, resaltó la otra vía de poner denuncia, la cuál es la Fiscalía: “tal vez la policía no le hizo caso a la víctima, pero ella sí sufre de violencia, entonces tiene la vía de denunciar directamente en el Ministerio público”.

La falta de interés por hacer investigaciones a profundidad de la violencia de género, causa impunidad. La especialista Martha Flores lo ve como una de las maneras en que las mujeres se ven desprotegidas: “hay casos en los que por no querer investigar más allá, tipifican de otra manera las cosas. ¿Cómo no quieren que exista una cifra baja en violencia de género si no se les da la tipificación adecuada? Por ejemplo, una mujer llega a que le devuelvan a su hijo y lo único que hacen es decirle que sí lo harán, que el hombre le va a pasar pensión y nada más. Pero en esos casos hay violencia y se hacen los ciegos”. 

Por su parte, Stephanie Borge puntualizó que a pesar que la mujer “retire” la denuncia, las instituciones deben de seguir con las investigaciones y siempre ir más allá. 

Afectaciones a las sobrevivientes: 

  • Las dos primeras veces que conté mi caso, la noche que fui a denunciar, me sentía como que no estaba contando nada importante, exactamente como lo tomó el Ministerio Público. Lo tomaron como que yo simplemente no le quise dar un beso y que no quise tener nada con él. Sentí que se escondieron en el “x son pareja”. Yo estaba en un estado emocional inexplicable, eran bien apáticas conmigo. Yo era una chatela de 15 años y me trataron como que yo tenía la culpa.-reveló María.

Aparte de las afectaciones que la mujer tiene a raíz de la agresión, se encuentra expuesta a seguir siendo tratada sin ningún tipo de sensibilidad. El daño emocional que causan las preguntas innecesarias, para Jamileth Mejía, son alarmantes: “Cuando estas poniendo la denuncia y te preguntan esas cosas, te están revictimizando y a demás culpabilizando. La volvés víctima de otra acción que es la culpabilización de lo que le ocurrió. La responsabilizan de lo ocurrido, en lugar de culpabilizar y responsabilizar al autor del delito. Además cuando las hacen dar mil vueltas, no están siendo consecuentes con lo que esa mujer está pasando”, evidenció.

Lo que afecta contundentemente a las mujeres sobrevivientes de violencia es no tener conocimiento del mecanismo para salir de los círculos de violencia: “Primero se desarticuló la comisaria y todos los instrumentos para garantizar el cumplimiento de la ley, dejando atrás todo el esfuerzo que estábamos haciendo en conjunto. Aunque ya estén reaperturando, se necesita que esas personas estén sensibilizadas. No existen campañas, las mujeres no se sienten seguras a ir a denunciar, porque saben que no se les va a escuchar. Nosotras las asesoramos y les decimos que vayan para que quede ese registro de que ellas hicieron la denuncia, aunque sabemos que no se les brinda justicia”, acentuó Martha Flores.

La mediación es una de las peores acciones que puede emitir la Fiscalía: “El hecho de incluir nuevamente la mediación, les dio a los hombres más poder. Se burlan más de la situación de violencia de la mujer. Las instituciones deberían tomarle importancia a eso y no lo hacen. Debido a esta situación comenzaron a subir los femicidios, tenemos que en el 2017 fueron 51 femicidios, en 2018 aumentaron a 71 y hoy en día no hemos terminado el año y ya van más de 65 mujeres”.

El artículo 19 de la Ley 779 determina la importancia de proporcionar medidas de atención, protección y sanación. En el inciso a, especifica el deber de proporcionar servicios de atención, asesoría jurídica y un tratamiento psicológico, gratuito y especializado.

“Las mujeres tienen que recibir un acompañamiento psicológico a raíz de la denuncia” prosiguió Mejía, “pero el Estado no lo brinda, la mujer denuncia no para que el hombre caiga preso, en realidad lo hace para detener la violencia y que este hombre deje de golpearla y de amenazar su vida. Eso es lo que hay detrás de la violencia de género, afectaciones psicológicas verdaderas.”, enfatizó.  

  • La psicóloga del IML fue la tercera persona a la que le conté mi caso en todo este proceso, afirmó que había desencadenado un desorden de estrés post-traumático, y dejó claro que yo estaba afectada psicológicamente y que necesitaba acompañamiento. Nunca me lo ofrecieron. Además me sentía abrumada por todo lo que la gente me estaba diciendo, porque yo decidí denunciar en twitter y en Facebook.-dijo María.

Denuncia Social:

Elvira Cuadra, socióloga especializada en análisis de conflicto y seguridad, comentó la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres al decidir denunciar: “Se ven vulneradas al momento en que las instituciones no las protegen. Estos actos de violencia están tan arraigados en nuestra sociedad, que en lugar de ponerse de su lado, la juzgan y responsabilizan. Esto es debido a esta matriz cultural patriarcal. Como sociedad nos falta mucho por avanzar, hay todo lo que se llama una violencia cultural instalada, que tiene que ver con todos los discursos, creencias y costumbres que justifican y avalan que estos actos de violencia hacia las mujeres sucedan.”. 

  • Después de denunciarlo en la policía yo lo puse público en Facebook y Twitter. Había gente que me decía que era una mentirosa, que todo eso lo estaba haciendo por llamar la atención, que él jamás lo hubiera hecho. Yo lo hice para que quedara un registro de su nombre y para que las chavalas tuvieran más cuidado.-esclareció María.

Impunidad como política de Estado:

La situación actual de las mujeres en Nicaragua, se define para Cuadra como algo complejo y diverso. Por una parte tiene que ver con la matriz cultural patriarcal, que pone a la mujer en una relación desigual de poder. La otra parte está centralizada en la crisis sociopolítica del país, la cual tiene efectos bastante marcados para las mujeres.

Un tercer elemento es la pandemia por la COVID-19, siendo vulneradas de esta manera también: “Las mujeres no gozan de protección, el Estado nunca ha protegido o ha creado condiciones óptimas de vida para ellas. No tiene, ni ha tenido la voluntad para que ejerzan sus derechos plenamente. Las 3 situaciones anteriores colocan a la mujer en una situación de vulnerabilidad, quedando mucho más indefensas que en otro contexto.”, reafirmó.

Teniendo esto en cuenta, existen muy pocas posibilidades de poder reactivar la ley 779 en su estado original, a menos que exista una voluntad política de parte de la Asamblea Nacional y del Presidente Daniel Ortega: “sabemos que no es así porque hacer incidencia política en el país, es imposible, con los niveles de represión que hay en el país no se puede hacer nada. Las mujeres feministas seguimos informando y brindándole acompañamiento a las víctimas de violencia, pero se necesita de un interés estatal”, planteó Mejía.

El conceder el beneficio legal de Convivencia Familiar a más de 22,000 reos comunes causa para Martha Flores un discurso claro de parte del Estado: “Simplemente no estamos siendo prioridad, los intereses del Estado son otros. Esta situación está alimentando a los delincuentes con tanta liberación. Tenemos a más de 514 hombres beneficiados, los cuales son femicidas, violadores, acosadores. Entonces, ¿qué podemos hacer?, vemos que no estamos protegidas. No podemos ni recibir una sentencia favorable.”, denunció.

  • Mi abusador sigue libre sin ningún problema, mientras que yo voy a tener que vivir con ese trauma. Al Ministerio Público le pareció poco mi caso, me hizo sentir desprotegida… sola. –expresó María.

Las niñas y mujeres nicaragüenses, a pesar de tener una Ley elaborada especialmente para salvaguardar su vida, siguen estando desprotegidas, tanto institucionalmente como socialmente. La impunidad es causada por la falta del cumplimiento de esta Ley. La acción que se necesita de parte del Estado es causal y consecuente, no simplemente cuando ya hay una sobreviviente que logre conmover a la ciudadanía: “Las niñas y las mujeres no tienen la seguridad de ir a una comisaría, no solo debe de abrir la infraestructura sino que se debe de mandar a sensibilizar y a realizar campañas masivas y permanentes para así bajar los niveles de impunidad. Ya que la situación actual solo alimenta la violencia. Debemos de trabajar en conjunto. Todo lo que se debe de hacer para garantizar la seguridad de las mujeres está en el cumplimiento de la Ley 779, no hay nada más”, concluyó Martha Flores.

Reapertura de las comisarías:
La ley 779 en el artículo 37  sobre el Fortalecimiento de la comisaría de la Mujer, menciona la importancia de que el Estado seda los recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de la comisaría de la mujer y que su personal tenga una capacitación especializada en el tema de la violencia contra las mujeres. Después de al menos 4 años en pausa, las comisarías vuelven a reabrir sus puertas, aunque según defensora de los derechos de la mujer no es suficiente: “Con la desarticulación de las comisarías de las mujeres, ellas ya no tenían donde ir a poner denuncia. Por eso en el anuario de la policía del 2018 al 2019 dice que han disminuido las denuncias de las mujeres en términos de violencia, pero no es porque no exista violencia sino porque las mujeres han perdido la confianza en todo lo que es el ámbito de la aplicación de la ley. Y no solo es que reabran sino que hagan campañas y se vuelvan esos esfuerzos en conjunto para que se recobre el ritmo que llevábamos”, explicó Rosario Flores, abogada litigante en casos de violencia de género.Al mismo tiempo hizo hincapié en la problemática que se vive en las comunidades rurales: “En las zona rural hay un fiscal, que solo llega un día a la semana y tiene que viajar dos días para poder estar en la otra comunidad. Si en esos días que no está te pasó algo, no hay atención. Las mujeres tienen que caminar, ir en mula o en lanchitas para llegar a poner una denuncia sin ni siquiera tener la garantía de que al llegar se les va a atender”, informó.
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Protesta en contra de la violencia de género, del 9 de marzo del 2020 en la Universidad Centroamericana. Fotografía cortesía: Dayanara Téllez. 
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El Distrito V, Managua fue uno de los distritos donde se empezó a implementar el Sistema Integral y el Sistema Integrado para atender a sobrevivientes de violencia de género, antes del desmantelamiento de las comisarías.
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Infografía elaborada con el reporte de violencia del primer semestre del 2020 y los reportes mensuales de julio-octubre del Observatorio por la vida de las mujeres. 
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Infografía elaborada con la línea de apoyo  de la Red de violencia contra las mujeres y la recopilación de guías de denuncia dadas por las Fuentes defensoras.

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