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En búsqueda de un sitio para vivir

En Nicaragua los toma tierras han sido objeto de burlas, criticas, insultos y agresiones, hasta el punto de ser llamados “sinvergüenzas” porque se apoderaron de un lugar que no les pertenece y son cuestionados por la sociedad ¿Dónde vivían antes?, ¿Cómo le hacían para vivir?, según algunos  toma tierras consultados,  ellos  no son “sinvergüenzas”, solo buscan un lugar digno para vivir.

Champas de cuatros postes, cerradas con trozos de maderas, latas oxidadas, plástico de color negro, en las afueras cocinas de leñas armadas con tres piedras y un pedazo de lata, son las improvisadas viviendas de las familias que se apoderaron de predios que anteriormente eran cubiertos de pasto y árboles en muchos lugares de Nicaragua.

Reymundo Rojas Hernández de 71 años, es una persona ciega, que decidió apoderarse de un terreno ubicado en la pista suburbana, Managua, pero por la presión y amenazas de la Policía Nacional, tuvo que abandonar el terreno a finales de septiembre de 2018. Aseguró que su único apoyo es un trozo de madera, que es su lazarillo y una hermana menor quien le ayuda económicamente.

Toma tierras aprovechan el momento de crisis para construir sus champas / Carlos Arce Radio Universidad.

Hace dos años Reymundo quedó viudo, solo con la compañía de dos nietas menores de edad y su único hijo, quien ahora se encuentra gravemente en un hospital (desahuciado por los médicos). Reymundo dice que antes vivía arrimado donde su hermana, pero la noticia de que se estaban tomando tierras, fue una esperanza para él de obtener un terreno y de estar más cerca de su hijo hospitalizado en Managua.

“Mi vida es triste, pobre, sin trabajo, ciego, al cuido de dos niñas, con mi hijo grave, sin comida, sólo con lo poco que trae mi hermana. Aquí vivimos en zozobra y lo peor sin un lugar donde vivir”, dijo el anciano ciego,  dos días antes de abandonar el pedazo de tierra que estaba ocupando.

Rosa García de 50 años, hermana de Reymundo explicó  que no podían seguir viviendo en su casa, dado que ella tiene su familia y es muy numerosa, siendo la enfermedad de su sobrino y la distancia donde se encontraba, las causas principales para que su hermano saliera en busca de un terreno para vivir.

“Mi hermano no tiene donde vivir, él vivía en mi casa en Villa El Carmen, para viajar hasta Managua le sale caro porque él no le gana a nadie. Yo le ayudo con lo poco que puedo por eso está aquí en busca donde vivir”, afirmó Rosa, quien se encontraba de visita en la improvisada casa.

Ángela (seudónimo por seguridad) de 34 años,  era una vecina de Reymundo en la pista Suburbana, ella es  madre de un niño de 10 años y de una adolescente de 16 años, siempre ha vivido alquilando con su familia, pero el aumento de los costos de alquiler y la falta de empleo,  fueron  las causas principales que la llevó a ser parte del grupo de toma tierras.

“Nos venimos en la noche por necesidad. Ya no tenemos dinero para seguir pagando y no tenemos donde vivir, nosotros nos venimos voluntariamente nadie nos ofreció nada”, señaló Ángela, dos días antes de verse obligada a dejar el lugar.

Para toma tierras lo más difícil es no tener donde vivir / Carlos Arce Radio Universidad

Ángela se gana el pan de cada día vendiendo helados en un colegio  de San Judas, para ayudar con los gastos a su esposo, quien es cadete de taxis. “Hoy perdí la venta de helados, porque supuestamente nos iban a desalojar y por  seguridad de mis hijos preferí no ir a vender” dijo Ángela.

Según La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), desde abril de 2018 en que inició la crisis sociopolítica en el país, 9,800 manzanas de tierras agrícolas fueron tomadas y de ese total 2,500 manzanas han sido desalojadas por La Policía Nacional hasta finales de septiembre,  por tanto 7,300 manzanas seguían  tomadas por pobladores en ocho departamentos del país.

Déficit de vivienda, un problema social

En Nicaragua el déficit de una vivienda digna es de aproximadamente 957 mil casas,  y cada año la demanda crece en 20 mil  unidades, de las cuales 600 mil requieren mejoras y más de 300 mil viviendas nuevas, según datos de la Cámara de Urbanizadores (CADUR).

En vista de esta problemática de la vivienda, el Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN), en conjunto con el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), están ejecutando un modelo de trabajo mutuo que busca garantizar a las familias una vivienda digna a bajos costos.

Este programa de viviendas del MCN se desarrolla en alianza con las cooperativas en sectores populares, es decir que las familias  deben poseer un salario mínimo, para que puedan adquirir una vivienda, según explicó el representante de MCN, Welbin Romero.

“La organización es la clave para obtener una vivienda, hemos ayudado a muchas familias que a punto de la venta de tortillas y frijoles cosidos han pagado sus casas con cuotas bajas que van de 35 a 75 dólares al mes”, manifiesta el representante de MCN.

Otra oportunidad para mejorar condiciones de las familias

Por su parte, el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan en alianza con el Fondo de Desarrollo Local (FDL), de la Universidad Centroamericana UCA,  están ejecutando un programa de desarrollo e incubación de negocio en la zona de Matiguas, Rio Blanco, La Dalia y Santa María de Pantasma, cuyo objetivo es brindar acceso a tierras a mujeres de zonas rurales, para mejorar sus condiciones de vida en sus propios lugares de origen.

“En cada zona existen facilitadores de emprendimientos, la interesada realiza la solicitud y ellos estudian la viabilidad de legalidad de la tierra, se financia a la mujer, se compra el terreno a nombre de la beneficiada y se realiza la asesoría para cultivar y que ellas puedan pagar”, afirma Manuel Jarquín, Director del programa.

Este programa ha beneficiado a más de 120 familias que no tenían un lugar donde vivir y en el 90% de las beneficiadas, el plan de producción ha sido su medio de arraigo local, seguridad alimenticia y recursos económicos para pagar el terreno brindado, explica Jarquín.

Aunque la Constitución Política de Nicaragua (Artículo 64) reconoce el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y establece que el Estado es garante de este derecho con la aprobación de la Ley 677, “Ley especial para el fomento de la construcción de viviendas y de acceso a la vivienda de interés social”, “las alcaldías no están cumpliendo con ese mandato de establecer un banco de tierras como una institucionalidad para garantizar el derecho”, increpa  Welbin Romero.

La toma de tierras no es la solución al problema de las viviendas

La ley ampara a propietarios de los terrenos no a toma tierras / Carlos Arce Radio Universidad.

La Constitución de la República de Nicaragua establece el derecho de la propiedad en el Arto. N°44, “se garantiza el derecho de la propiedad privada, bienes e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”. Por tanto, la toma de tierras es un delito penalizado ya que la Constitución ampara a los verdaderos dueños de las propiedades.

Este derecho les da la facultad a los dueños en particular, de gozar, hacer uso de los bienes y el Estado debe garantizar la seguridad de las propiedades, la cual está sujeta a un embargo únicamente si hay un interés social o público,  como la construcción de carreteras, calles, escuelas, centros hospitalarios, entre otros, pero el Estado tiene que garantizar una indemnización previamente al dueño, según el especialista en leyes en el área civil,  del Bufete Jurídico de la UCA,  Mario García.

De acuerdo al Código Penal vigente, ( Ley 641), establece que  la toma de bienes ajenos es un delito que tiene una sanción penal de hasta cinco años de prisión para los ocupantes de las propiedades de manera ilegal.

Según Marlon Paiz, abogado del área penal del Bufete Jurídico de la UCA, “en el capítulo ocho Arto. 240. Se establece como delito la Usurpación del dominio privado, que tiene sanción para toma tierras,  de seis meses a tres años de prisión, donde la persona podría cumplir la pena en su casa sino tiene antecedentes penales”.

Toma tierras aprovechan el momento de crisis para construir sus champas / Carlos Arce Radio Universidad.

Sin embargo, los propietarios pueden levantar denuncias en contra de las autoridades en caso de que no les brinden soluciones a sus denuncias de invasión, “las autoridades son responsables y los dueños pueden denunciarlos, según el Arto. 435, del Código,  por abandono de funciones públicas, el Arto. 437 por denegación de auxilio y el Arto. 468 por la omisión del deber de percibir delito, esto tiene condenas penales que van de seis meses a un año y multas para los agentes policiales”, señala Marlon.

Ambos especialistas sostienen que la ley protege al derecho de propiedad privada. Los propietarios para el trámite de un desalojo o un levantamiento de un proceso penal, deben realizar una denuncia ante la Policía Nacional o Ministerio Público para proceder con el proceso de investigación y comprobación de pruebas. La autoridad puede ordenarle dejarlo de hacer y retirar al invasor y colocar al que le correspondería.

 

 

 

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