Radio Universidad Online

Médicos despedidos por salvar vidas

Era un mediodía del jueves 13 de septiembre de 2018 y el doctor Francisco Javier Núñez, único especialista en laparoscopía del hospital Lenin Fonseca de Managua, salía del quirófano, luego de realizar junto a otros médicos una delicada operación a un paciente.

El médico se tomaba un refresco, luego del cansancio por la operación, cuando le entregaron su carta de despido, con el pretexto de que una paciente se había quejado. El doctor se negó a firmar la carta y exigió una comisión que investigara la supuesta denuncia, pero jamás se hizo y contrario a ello se quedó sin empleo.

Según testimonio del especialista, esta excusa fue en represalia por desobedecer las órdenes superiores de no atender a los pacientes que llegaban al hospital heridos de bala por la represión gubernamental.

“Comenzaron a hacer los despidos, inició con una parte en León, el gremio médico en apoyo realizó una marcha y yo me sumé, también me había solidarizado con las otras marchas y me parece que el haber participado en la marcha, haber atendido a los heridos y por no estar de acuerdo con la represión de este gobierno, me despidieron”, dijo  Núñez.

El despido de Núñezno fue aislado, al menos 200 médicos y personal de salud fueron despedidos de los diferentes hospitales públicos y centros de salud, entre abril y octubre de 2018, esto de acuerdo a un informe publicado por el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua MESENI, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el cual fue compartido antes de ser expulsados de Nicaragua en diciembre de 2018.

 

Fotografía: Cortesía

Disminuyen las atenciones médicas

Con los despidos de los médicos se han perdido al menos 50 mil consultas en los meses más críticos de las protestas antigubernamentales, según estimaciones del médico José Luis Borge, un especialista en Urología que también perdió su empleo.

Los médicos despedidos responsabilizan a los funcionarios del Ministerio de Salud, MINSA, a quienes les exigen su reintegro; sin embargo, no han tenido eco entre las autoridades de dicho ministerio.

A pesar de las graves acusaciones en contra de la Ministra de Salud, Sonia Castro, ella goza de su puesto con el aval del gobierno, solamente Estados Unidos le aplicó sanciones de orden diplomático, como el no ingreso a ese país y la prohibición a los empresarios estadounidenses a realizar negocios con ella.

Ante esta situación, por primera vez en 39 años los médicos y enfermeras nicaragüenses se volcaron a las calles en Managua el 31 de julio de 2018 a protestar por los despidos y exigir su reintegro.

Ernesto Narváez, un médicoquientambién fue despedido expresó a Agencia EFE, “estoy aquí por los médicos que fuimos despedidos injustamente, no somos trabajadores de un gobierno, somos trabajadores de un Estado y quien nos paga es el Estado…El médico es un apóstol de la salud, no tiene bandera”, señaló.

Sin embargo, los despidos continuaron a medida que avanzaba el año, entre septiembre y noviembre del 2018, la Comisión Permanente de Derechos Humanos registraba 63 nuevos despidos solo de médicos del sistema de salud público.

El abogado Elmer Flores, Procurador Laboral de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, informó que todos estos casos de despidos se están llevando a los juzgados laborales, para demandar su reintegro, porqueconsideran que son arbitrarios; sin embargo, al comenzar 2019, no había una sola resolución favorable para los médicos despedidos.

“Demandamos su reintegro ya que en sus cartas de despedido no presentan ningún asidero legal, simplemente fueron despedidos y tenían que ser pasado por un proceso de investigación, pero no se hizo, de tal manera que es un despido ilegal”, resaltó Flores.

“Lo más afectados son las personas de escasos recursos, las personas que llevaban seguimiento con estos médicos y cuando llegan a buscarlo ya no están, tienen que buscar clínicas privadas aumentando un gasto económico o bien adaptarse a médicos suplentes, si es que lo hay”, señaló Flores.

 

Fotografía: Cortesía

Sin apoyo sindical

Los sindicatos se han negado a apoyar a los trabajadores y por el contrario se han puesto al servicio de las medidas represivas, denunció la ginecóloga Melba Herrera, quien atendía un centro de Salud en Quetzalguaque en el departamento de León y fue despedida recientemente por publicar en las redes sociales un mensaje de solidaridad con sus colegas lanzados al desempleo.

La ginecóloga lamentó que la Federación de Trabajadores de la Salud, que dirige el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, ni siquiera le recibiera las cartas donde exponían sus casos.

 

Fotografía: Cortesía

Irrespeto a los derechos humanos

La relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Soledad García Muñoz, dijo que “ninguna acción del Estado debe estar encaminada a disuadir o castigar al personal de salud por cumplir su deber”.

Sobre el despido de médicos, las autoridades del Ministerio de Salud se negaron a responder. Durante el año 2018 la CIDH solicitó información al gobierno en reiteradas ocasiones, pero no obtuvo respuesta, sin embargo en febrero de 2019, la Ministra de Salud, Sonia Castro en entrevista con canal 10 de televisión, negó que haya dado órdenes de no atender a la población en esas circunstancias y evitó referirse a los despidos denunciados por los médicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en sus normas constitutivas que “las relaciones de poder injustas suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios” y para brindar el derecho a la salud los países deben regirse por “el principio de no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política”.

La OMS en sus estatutos dispone que “cada Estado miembro y otros garantes de los derechos son responsable de los derechos humanos en la salud”. Sin embargo, sobre los casos concretos de Nicaragua dicha organización no se ha pronunciado.

Los médicos nicaragüenses anunciaron que llevarían sus casos a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, organismo que tampoco se pronunció en 2018 sobre los despidos, ni respecto a las graves acusaciones sobre la supuesta orientación que habrían brindado las autoridades al personal médico de los hospitales públicos de negarle el derecho de atención a los heridos en las protestas antigubernamentales.

Los despidos en el Estado, generado por represalias y un sistema judicial laboral cómplice, son una muestra de las graves violaciones a la institucionalidad, el derecho a la atención de salud con calidad y el derecho al empleo de los médicos, insistió Elmer Flores, Procurador Laboral de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

 

Deja un comentario