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Opositores interponen recurso contra Ley de Agentes Extranjeros

Integrantes del Movimiento de Renovación Sandinista MRS,  interpusieron este jueves 3 de diciembre de 2020, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual según manifiestan, el gobierno pretende penalizar a medios de comunicación, iglesias y organizaciones no gubernamentales.

En el escrito el MRS, alega que dicha ley,  viola varios de los derechos estipulados en la Constitución Política de Nicaragua e incluso otros establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El gobierno promovió la aprobación de dicha Ley en el Parlamento nacional controlado por el partido Sandinista, aduciendo que con esto evitaran acciones desestabilizadoras con fondos provenientes del exterior.

Según Suyén Barahona presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, “ésta es una de las leyes represivas del gobierno con la cual buscan perseguir a organizaciones de la sociedad civil”, sin embargo, señaló que seguirán en resistencia y que no callarán en sus demandas democráticas.

Declaraciones de Suyén Barahona

Ana Margarita Vijíl, Edmundo Jarquín, Suyén Barahona, Violeta Granera, Aura Aragón, Silvia Salmerón, Julio Hernández y Carlos Maturana,  son los ciudadanos y ciudadanas firmantes del recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue recibido por el Secretario de ese poder del Estado.

Defensores de derechos humanos, activistas y políticos de oposición, han manifestado que la Leyde Regulación de Agentes Extranjeros perjudica a miles de familias que lo perdieron todo y que necesitan de ayuda humanitaria tras ser severamente afectados por los huracanes Eta y Iota, considerando que limitan el trabajo de apoyo social de organizaciones de la sociedad civil.

En octubre pasado, diputados de la bancada Sandinista en el parlamento nacional, aprobaron con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, misma que reconoce como “agente extranjero” a toda persona que reciba fondos de países o entidades extranjeras y que lleve a cabo actividades que supuestamente representen una “amenaza a la seguridad del Estado de Nicaragua”.

Organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH, Amnistía Internacional y hasta el Parlamento Europeo llamaron al gobierno de Nicaragua a reflexionar y desistir de la aprobación y aplicación de esta y otras leyes consideradas represivas.

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