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Opositores rechazan la ley de defensa de los derechos del pueblo

En menos de 24 horas de aprobada en la Asamblea Nacional, la “Ley Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, fue publicada en La Gaceta diario oficial este martes 22 de diciembre de 2020.

La aprobación de esta ley que entró en vigencia en Nicaragua a partir de esta fecha, ha sido rechazada por los sectores opositores y ha provocado preocupación a nivel internacional, porque consideran que con esto se excluirá a los dirigentes de la oposición que surgió en el contexto de las protestas de 2018.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, mediante un comunicado, demandó al presidente Daniel Ortega a derogar esta ley, al considerarla contraria a los principios de la Carta Democrática.

En el comunicado la OEA “llama al gobierno a derogar la Ley en cuestión y reitera su llamado a que se inicie un proceso con diversos actores políticos y sociales del país, para emprender las reformas electorales necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes”.

El lunes 21 de diciembre de 2020, en una sesión especial con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional, los diputados sandinistas aprobaron la Ley con 70 votos a favor y 13 en contra.

El jefe de la bancada del partido Sandinista Edwin Castro defendió la ley, argumentando que los delincuentes no pueden ser candidatos y cuestionó a los diputados opositores del Partido Liberal Constitucionalista por oponerse a la Ley.

La nueva Ley establece que las personas que inciten a la injerencia extranjera, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, se organicen para desestabilizar el país, se financien con fondos extranjeros para cometer actos terroristas, demanden o aplauden sanciones que lesionen los intereses del país, no podrán optar a cargos de elección popular.

Para el dirigente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Juan Sebastián Chamorro, al primero que le deberían de aplicar la ley e inhibirlo de por vida es al presidente Daniel Ortega.

“El tercer punto tiene que ver con intentar hacer un golpe de Estado. El principal golpe de Estado que se ha realizado en Nicaragua es el de Daniel Ortega, al destruir la institucionalidad política, al destruir el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional, eso es verdaderamente un golpe de Estado para usurpar como dictador el poder que le pertenece al pueblo y a la democracia”, dijo Chamorro.

Varios abogados Constitucionalista han opinado que dicha Ley, roza con la Constitución que establece los derechos y deberes en igualdad de los nicaragüenses, así como la Ley Electoral que contiene los requisitos y condiciones para optar a un cargo de elección popular.

Por Nelson Rodríguez

(Fotografía redes sociales Asamblea Nacional)

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