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Periodistas nicaragüenses buscan protección ante la CIDH

Una noche de julio de 2018, el sonido de  morteros y hombres gritando “golpista”, en la calle,  interrumpieron el sueño de Adelayda Sánchez, una periodista  y defensora de los derechos humanos, habitante de Masatepe, Masaya, madre soltera de dos jóvenes profesionales.

Desde ese momento, la periodista fue víctima de violencia verbal, física y psicológica por parte de personas supuestamente simpatizantes sandinistas que tratan de criminalizar su trabajo durante esta crisis sociopolítica, lo que obligó a la comunicadora a buscar y obtener medidas cautelares brindadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, no las ha tomado, porque desconfía del Estado y vive con temor por su vida y la de su familia.

Ante todo, el asedio, la periodista tuvo que dejar su casa, porque constantemente era perseguida por secretarios políticos del partido de gobierno, quienes la señalan de forma infame y calumniosa, de financiar tranques y protestas que se habían instalado en la zona.

Me señalaban a mí y a mi hijo de ser financiadores, empezaron amenazarnos en redes sociales, los del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) nos amenazaban de forma directa ya que eran mis vecinos, tuvimos amenazas de muerte, a la esposa de mi hijo le decían que iba a quedar viuda, me gritaban que iban a quemar mi casa y la clínica de mi hija, quien es Odontóloga“, narró muy afectada emocionalmente Adelayda Sánchez.

Salir de su casa era difícil, los vecinos la espiaban para gritarle “golpista”, “asesina”, “babosa”, entre otros adjetivos. Los paramilitares rondaban su casa lanzando morteros al aire y a veces directamente a la vivienda, “ya no soporté la hostilidad de transitar en un pueblo pequeño donde todos conocen tu vida y el peligro que corría, la situación me obligó ir a vivir a otro lado”, añadió Sánchez.

El 08 de agosto de 2018, la CIDH en su resolución número 5918 otorgó medidas cautelares para esta periodista, tras una serie de denuncias y solicitud por parte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ante la Comisión.

La CIDH actualmente ha solicitado al Estado de Nicaragua la adopción de más de cien medidas cautelares para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en riesgo grave y daños irremediable a sus derechos, esto en el marco de la crisis sociopolítica en que se encuentra el país desde el pasado mes de abril y que ha dejado un saldo de más de 338 muertes según el CENIDH.

La CIDH es un organismo principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Este organismo define las medidas cautelares como “un instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente”.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, según la Abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores.

Lo que establece el Reglamento, es que, en situaciones de gravedad y urgencia, la comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, “solicitar que un Estado adopte medidas cautelares, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso ante los órganos del Sistema Interamericano”.

Nicaragüenses apoyan el trabajo de los medios independientes/ Foto cortesía EFE/Jorge Torres

Estado debe cumplir las medidas

Según el reglamento de la CIDH, el Estado es el único encargado para el cumplimiento de las medidas. Para esto, mediante la Cancillería de la República debe convocar a los y las beneficiadas para conocer las necesidades que poseen y así dar respuesta para garantizar la seguridad humana.

Estas medidas le solicita al Estado dejar de agredir o lesionar los derechos de una persona, si es un tratamiento médico debe garantizarlo, si requiere protección personal, se le debe brindar protección. Hay países que brindan seguridad por parte de policía, hay casos que las personas no confían en el trabajo de la entidad, solicita a una persona privada y el Estado paga por el servicio, afirma Wendy Flores.

La Cancillería nos llamó, pero en este país, para mí el agresor es el Estado de Nicaragua, yo tengo temor de dar todos mis datos, no me atrevo a decir donde vivo actualmente, yo preferí no acudir porque me siento amenazada estar en frente de un Estado fallido”, afirma Adelayda Sánchez.

Para obtener medidas cauteles por la CIDH,  la persona deberá exponer el caso y los hechos ante organismos defensores de derechos humanos y estos solicitaran a la comisión que se otorguen medidas cautelares, “la comisión tiene dos formas de actuar, la primera, si los hechos son muy graves y necesita de protección urgente, se dictan inmediatamente, sino se valoran los hechos y se da proceso de tiempo para solicitar al Estado información y verificación”, señala la Abogada.

CIDH preocupada por comunicadores

Representantes de la CIDH han expresado sus preocupaciones por las múltiples denuncias de represión que sufren las y los comunicadores, en el ejercicio de su trabajo periodístico, estas fueron expuestas en la sesión 169 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebradaen Colorado, Estados Unidos, a inicios de octubre de 2018.

Veo un elemento preocupante, pareciera ser que la próxima etapa, tristemente, va dirigida a los comunicadores y eso me preocupa mucho”, dijo Joel Hernández, relator de la CIDH para privados de libertad, en una sesión realizada el 02 de octubre en Colorado, Estados Unidos.

Así mismo, el Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, mostró la importancia de mantener las medidas cautelares para periodistas porque “pareciera que la cosa esta empeorando”, dijo durante la sesión.

Pero, ¿El Estado las está cumpliendo?

Defensores de derechos humanos mantienen que las medidas cautelares siguen siendo mecanismos de eficacia en muchos países donde los Estados no son fallidos, pero en Nicaragua la situación sigue poniendo en riesgo la vida de muchos nicaragüenses y en especial a periodistas de medios independientes.

El comunicador Aníbal Toruño, director de radio Darío de León, también cuenta con medida cautelar otorgada por la CDIH, pero las amenazas en contra de él permanecieron, por lo que decidió abandonar el país para resguardar su vida.

El Cenidh siempre ha tenido medidas cautelares y siempre las amenazas están presentes. Estamos en un país donde no hay seguridad, solo la que uno mismo puede garantizarse. Aunque existan mecanismos internacionales, siempre el Estado es el agresor”, denuncia Adelayda Sánchez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), Gustavo Bermúdez, afirmó que las medidas cautelares en Nicaragua han tenido poca eficacia, “en este Estado las medidas no son efectivas, aquí a un ciudadano lo único que le queda es seguir denunciando”, dijo el presidente de APN.

Mientras Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirma que estos casos sirven de evidencias para mecanismos internacionales, “Aquí se pone en evidencia el manifiesto de las autoridades, en cualquier situación que se presente, el Estado ya estaba sabido”, dijo Carmona.

A pesar del asedio y la persecución a muchos periodistas independientes, esto los ha comprometido a seguir haciendo un trabajo digno que se ha hecho merecedor de reconocimientos internacionales como el Premio a la libertad de prensa entregado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Salta (Argentina) a Miguel Mora, director del medio de comunicación independiente 100% noticias.

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