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Recurren contra ley sobre terrorismo para evitar acusaciones infundadas

Organizaciones nacionales de derechos humanos han denunciado que mediante la Ley 977, las autoridades han justificado las  detenciones arbitrarias y las acusaciones infundadas de terroristas a las personas que han participado en las protestas de forma pacífica y para evitar que esto continúe, un  grupo de organizaciones de la sociedad civil, presentó un Recurso por Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

“El recurso de inconstitucionalidad que se está presentando es motivado por la aprobación de la Ley No. 977 que en su artículo 44 manda a reformar los artículos 394 y 395 de la Ley 641 o Código Penal de la República de Nicaragua, modificando la definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo”, señala parte del recurso.

Lo que busca este Recurso es evitar que a la ciudadanía se les quite el derecho a movilizarse pacíficamente, a opinar libremente, a criticar al Estado cuando sus actuaciones sean anómalas, explicó Haydee Castillo, integrante del Instituto de Liderazgo de las Segovias.

El recurso fue presentado por el Observatorio Pro Transparencia y Anti corrupción que está integrado por la Asociación Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua, Movimiento Puente, Asociación de Periodistas de Nicaragua, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Comisión Permanente de Derechos Humanos.

El documento del Recurso fue recibido por el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro Espinoza, quien se limitó a decir que haría lo que a él le corresponde.

En el escrito los demandantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad parcial de la referida Ley 977, específicamente el artículo 44, para que quede sin ningún valor o efecto legal el articulo precitado, por dar cabida a una reforma a los artículos 394 y 395 del Código Penal de Nicaragua con un espíritu represivo que limita los derechos de la ciudadanía nicaragüense, porque si bien el Estado debe garantizar la paz y la seguridad ciudadana, no es violentando el derecho de petición, denuncia, crítica constructiva, reunión pacifica, manifestación y movilización que debe hacerlo, finaliza el escrito presentado ante el Poder Judicial.

Líderes estudiantiles y ciudadanos que participaron activamente en las marchas cívicas de este año 2018,  han sido acusados por terrorismo, crimen organizado, y las capturas, allanamientos, redadas y persecución, las cuales han aumentado en las últimas semanas en el país, luego de la aprobación y publicación de dicha ley.

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